El gobierno de Cuba ha confirmado oficialmente que retiraba los pasaportes a los médicos enviados a misiones en el extranjero, una práctica que durante años fue denunciada por organizaciones internacionales y defensores de derechos humanos como una forma de restricción a la libertad individual.
Reconocimiento oficial
La admisión se produjo durante una reciente intervención de autoridades cubanas, quienes justificaron esta medida como parte de los «protocolos de seguridad» aplicados en el contexto de las misiones médicas. No obstante, la revelación confirma una práctica que ha sido señalada por numerosos excolaboradores como una forma de control estatal.
Según testimonios de profesionales de la salud, los pasaportes eran retirados poco después de su llegada al país de destino. Esta acción limitaba sus posibilidades de movimiento, impedía viajes personales y condicionaba incluso su regreso a la isla sin autorización expresa.
Reacciones internacionales
La práctica ha sido catalogada por entidades defensoras de los derechos humanos como coercitiva y violatoria de tratados internacionales que protegen la libertad de movimiento y los derechos laborales.
Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han denunciado en múltiples informes el uso de estas medidas como herramientas de vigilancia y presión sobre los profesionales cubanos que laboran en el extranjero.
Un sistema bajo escrutinio
Esta nueva declaración podría avivar el debate sobre las condiciones laborales y contractuales que enfrentan los médicos cubanos en el exterior, así como el nivel de control que ejerce el Estado sobre sus actividades durante las misiones.
Hasta el momento, las autoridades no han precisado si esta práctica se mantiene activa o si ha sido modificada en los últimos años.
Entre la solidaridad y la crítica
Mientras el gobierno sostiene que las misiones médicas son expresiones de solidaridad internacional, muchos críticos insisten en que detrás de esta narrativa existen mecanismos que limitan los derechos de los trabajadores implicados.
La controversia persiste, y con esta reciente admisión, el tema vuelve al centro del debate nacional e internacional.
