Nuevas sanciones de EE.UU. contra funcionarios nicaragüenses
El gobierno de Estados Unidos anunció el 18 de abril de 2025 la imposición de restricciones de visa a más de 250 funcionarios vinculados al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua. Esta medida se suma a las sanciones que desde 2018 han afectado a más de 2,000 personas asociadas con el gobierno sandinista, en un esfuerzo por presionar al régimen por sus violaciones sistemáticas a los derechos humanos y su autoritarismo. Entre los sancionados se encuentran miembros del Poder Judicial, Ejército, Policía Nacional, alcaldes, legisladores y operadores económicos alineados con Ortega y Murillo. La acción se ejecuta bajo la Proclamación Presidencial 10309, que suspende la entrada a Estados Unidos de individuos que socavan las instituciones democráticas y participan en políticas represivas.
Contexto y motivaciones de las sanciones
Estas restricciones coinciden con el séptimo aniversario del inicio de las protestas civiles en Nicaragua, que fueron brutalmente reprimidas por fuerzas estatales y paramilitares, dejando más de 350 muertos y miles de heridos. Estados Unidos responsabiliza directamente a Ortega y Murillo por la represión y la erosión de las libertades fundamentales en el país. Además, Washington acusa al régimen sandinista de usar la migración como un arma política, facilitando el tránsito irregular de migrantes provenientes de Cuba, Haití, Venezuela y otras naciones hacia la frontera sur de Estados Unidos. Esta estrategia ha sido parte del enfoque de política exterior bajo la administración de Donald Trump, que prioriza la seguridad fronteriza, el combate a regímenes autoritarios y la reducción del éxodo migratorio desde América Latina.
Impacto y alcance de las sanciones
Las sanciones de visa afectan a una amplia gama de actores dentro del régimen, incluyendo altos mandos militares, funcionarios judiciales y legisladores, así como operadores económicos que se benefician del sistema autoritario. Además, Estados Unidos ha impuesto sanciones económicas y comerciales a empresas y entidades vinculadas al régimen, buscando limitar sus recursos y la capacidad de financiar la represión. Estas medidas forman parte de una estrategia integral que también incluye la Ley Nica Act, aprobada en 2018, la cual restringe el acceso del régimen a financiamiento internacional mientras persistan las violaciones a los derechos humanos. En respuesta, el gobierno nicaragüense aprobó una ley que declara nulas las sanciones extranjeras, aunque esta normativa ha sido criticada por expertos por su limitada eficacia internacional.
Solidaridad con las víctimas y la oposición
El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, destacó que estas acciones se realizan en memoria de los nicaragüenses que han arriesgado sus vidas para luchar por una Nicaragua libre de tiranía. La declaración oficial subraya la solidaridad con los exiliados, presos políticos y víctimas de la represión estatal. Con esta nueva ronda de sanciones, Estados Unidos reafirma su compromiso con la rendición de cuentas y la defensa de los derechos humanos en Nicaragua, enviando un mensaje claro de que no tolerará la continuación de la represión y el autoritarismo por parte del régimen Ortega-Murillo. Este conjunto de medidas refleja un enfoque más duro y coordinado en la política exterior estadounidense hacia América Latina, especialmente en lo que respecta a la migración y la lucha contra regímenes autoritarios que amenazan la estabilidad y la democracia en la región.
