Durante su reciente visita a Jamaica, el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, expresó su firme condena hacia las misiones médicas cubanas, las cuales describió como una forma de explotación laboral que debe ser erradicada. En una conferencia de prensa tras reunirse con el primer ministro jamaiquino, Andrew Holness, Rubio denunció que miles de profesionales de la salud cubanos trabajan en el extranjero bajo condiciones coercitivas, sin recibir su salario directamente, ya que el Gobierno cubano se queda con la mayor parte de los ingresos generados.
Rubio comentó: “En muchos países, los médicos cubanos no reciben su pago. Es el régimen cubano el que cobra por su labor, mientras ellos operan prácticamente en condiciones de servidumbre. A muchos se les retienen sus pasaportes y su libertad de movimiento es restringida”. Estas declaraciones reflejan la postura del gobierno estadounidense, que busca visibilizar lo que consideran una violation a los derechos laborales de los médicos cubanos.
La Respuesta de Jamaica
A pesar de las críticas de EE. UU., el primer ministro Holness defendió la participación de Jamaica en estos acuerdos, asegurando que los médicos cubanos en su país trabajan bajo condiciones justas y en conformidad con las leyes locales. Holness enfatizó que se garantiza el mismo tratamiento para los médicos cubanos que para cualquier otro trabajador en el sistema de salud jamaicano, destacando el compromiso de su gobierno de respetar los derechos de estos profesionales.
La colaboración médica con Cuba es vista por Holness como esencial para mitigar la escasez de personal en Jamaica. Actualmente, aproximadamente 400 médicos, enfermeras y técnicos cubanos están activos en la isla, brindando atención vital en comunidades con necesidad crítica de especialistas.
Contexto Internacional
Este intercambio entre Rubio y Holness se da en un contexto de creciente presión de Washington sobre los países que mantienen acuerdos con el régimen cubano. Se estima que más de 160 países han recibido brigadas médicas cubanas, muchas de las cuales han sido objeto de críticas por organizaciones de derechos humanos, que las califican de “trabajo forzado” y, en algunos casos, “trato de personas”.
Como parte de sus esfuerzos por contener estas prácticas, el Departamento de Estado de EE. UU. anunció el 25 de febrero una ampliación de las restricciones de visado contra personas y entidades que se benefician de estos acuerdos. Esta medida busca desalentar la participación en programas que vulneran los derechos de los profesionales cubanos y promover mecanismos que aseguren su contratación libre y el pago completo de sus salarios.
Conclusiones
Las declaraciones de ambos líderes ponen de manifiesto un dilema complicado entre la necesidad de apoyo médico en ciertos países y las preocupaciones internacionales respecto a los derechos laborales de los profesionales cubanos. Las tensiones geopolíticas, sumadas a la crisis de recursos humanos en el sector salud, continúan alimentando un debate que no sólo abarca un contexto local, sino que también expone preocupaciones éticas y legales de ámbito internacional.
A medida que EE. UU. fortalece su postura contra lo que considera un sistema de explotación, será crucial que los países receptores evalúen sus relaciones y condiciones laborales en el marco de estos acuerdos, garantizando que se respete la dignidad y los derechos de todos los trabajadores involucrados.
