La administración del expresidente Donald Trump ha implementado una medida no anunciada que afecta a miles de inmigrantes en EE.UU., suspendiendo el procesamiento de solicitudes de residencia permanente para aquellos ya aprobados como refugiados o asilados. Esta decisión, que forma parte de una estrategia más amplia contra la inmigración legal, ha sido reportada por CBS News y subraya un cambio significativo en la política migratoria del país.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) ha instruido a sus funcionarios para que detengan la tramitación de formularios de «green card» para quienes cuentan con protección humanitaria. Esta pausa deja a muchos inmigrantes en una situación de incertidumbre, a pesar de que ya habrían demostrado, a través de un exhaustivo proceso de verificación, que enfrentarían persecución en sus países de origen por motivos de raza, religión u opiniones políticas.
El Departamento de Seguridad Nacional confirmó que la suspensión obedece a dos órdenes ejecutivas firmadas por Trump, que mandan a revisar minuciosamente los procedimientos de verificación implementados durante la administración de Joe Biden. La agencia señaló que esta pausa permite llevar a cabo procesos adicionales de verificación de identidad, seguridad nacional y prevención del fraude.
Una de las órdenes ejecutivas instruye a las agencias federales a “vetar y examinar al máximo” a todos los extranjeros que busquen ser admitidos o que ya estén en EE.UU. La otra permite al Departamento de Estado designar organizaciones terroristas a ciertos grupos, como carteles mexicanos y pandillas como el Tren de Aragua, utilizando como justificación la seguridad nacional.
Este movimiento es el más reciente intento de la administración Trump de restringir la inmigración legal, citando supuestas amenazas a la seguridad. En meses recientes, también se detuvieron solicitudes migratorias de ciudadanos de América Latina y Ucrania bajo programas humanitarios creados durante la administración Biden.
Más de medio millón de migrantes, principalmente de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, han sido notificados de que tienen 30 días para abandonar el país voluntariamente o enfrentarse a la deportación. Las autoridades alegan que estos individuos fueron “poco verificados” y que los programas están plagados de irregularidades.
Además, las nuevas reglamentaciones incluyen una vigilancia intensificada sobre las redes sociales de quienes solicitan beneficios migratorios, con la exigencia de que los solicitantes proporcionen sus cuentas personales para ser revisadas como parte del proceso de verificación de identidad.
Las autoridades también anunciaron la suspensión del procesamiento de solicitudes de residencia para beneficiarios del parole humanitario, afectando a decenas de miles de migrantes y en cumplimiento de preocupación por seguridad y posibles fraudes en solicitudes tramitadas previamente.
La reciente revocación del estatus legal de los beneficiarios del parole, conforme a la Orden Ejecutiva 14165, implica que más de 530,000 personas, incluidos unos 111,000 cubanos, perderán su autorización para permanecer y trabajar en EE.UU. si no tienen otra vía legal para regularizar su situación migratoria. La Casa Blanca ha instado a los afectados a autodeportarse utilizando una aplicación digital habilitada por el gobierno.
Estas acciones han generado una respuesta de alarma entre organizaciones de derechos humanos y sectores políticos. Amnistía Internacional criticó fuertemente la eliminación del parole humanitario, lamentando las consecuencias devastadoras que tendrá para cientos de miles de migrantes que llegaron a EE.UU. huyendo de crisis graves en sus países de origen. La ONG enfatiza que estas medidas representan un desprecio por los derechos humanos en medio de una crisis migratoria sin precedentes.
