La Dirección Municipal de Educación en Camajuaní ha convocado a todos los directores de escuelas a una reunión inusual y preocupante. Durante este encuentro, un oficial del Ministerio del Interior (MININT), específicamente de la Dirección de Seguridad del Estado (DSE), impartió una orden que ha generado una profunda inquietud tanto en la comunidad escolar como en la sociedad en general. Según las instrucciones recibidas, cada centro educativo debe tener disponibles al menos 20 docentes armados con palos, dispuestos a actuar en caso de posibles protestas.
Este anuncio ha suscitado una ola de repudio y confusión entre los educadores y padres de familia, quienes consideran que esta medida no solo es inadecuada, sino que atenta contra los principios fundamentales de la educación. La idea de que los profesores, cuya misión debería ser educar y formar a las nuevas generaciones, se conviertan en agentes de represión es alarmante y revela el enfoque del gobierno cubano frente a cualquier tipo de disidencia o protesta social.
En un contexto en el que las protestas y manifestaciones han aumentado debido a la crisis económica y social en el país, esta medida se percibe como un intento de controlar y reprimir a la población civil, utilizando a los docentes como un instrumento de intimidación. En lugar de fomentar un entorno educativo seguro y propicio para el aprendizaje, se promueve una cultura de miedo y confrontación, donde la educación se pervierte y se convierte en un mecanismo de control.
La comunidad educativa, preocupada por esta declaración, se pregunta sobre el futuro de la enseñanza en Cuba. La educación debería ser un pilar fundamental para el desarrollo y la transformación social, pero bajo tales circunstancias, se distorsiona su finalidad. En vez de preparar a los estudiantes para enfrentar los desafíos del mañana, se los prepara para una realidad en la que la represión y el miedo predominan sobre la libertad de expresión y el derecho a manifestarse pacíficamente.
Este uso de la educación para fines represivos es un indicativo claro de la desesperación del régimen por mantener el control ante un descontento creciente. La pregunta que surge es: ¿Qué tipo de legado se está dejando a las futuras generaciones en Cuba si los educadores son convertidos en actores de represión en lugar de ser facilitadores del conocimiento y la libertad? En lugar de abrazar el diálogo y la apertura, el gobierno opta por la coerción, dejando a la educación como un terreno de confrontación y no de esperanza.
